En primer lugar, suspendía a los políticos españoles en lo que al uso de los medios 2.0 se refiere. Según la autora, los políticos españoles no están a la altura de los tiempos, ni de los votantes. En nuestro país los políticos que más se han lanzado por las senda de las RRSS en busca de un espacio en el que conectar con los votantes son los políticos de la derecha. Quizá conscientes de que las plataformas tradicionales les son, en general, bastante hostiles, o quizá mejor asesorados que los del PSOE, los tres políticos que encabezan la lista de los más seguidos en Facebook son: Rajoy, Esperanza Aguirre y Sáenz de Santamaría. A este respecto claro suspenso del Presidente del Gobierno cuya página en Facebook, por ejemplo, no llega a los 2.000 seguidores. En cualquier caso, entre los políticos con mayor impacto en las redes sociales el número de seguidores ronda los exigüos 20.000. Los números de Twitter son todavía más raquíticos y raro es el político que supera los 1.500 seguidores frente a los, por ejemplo más de 6.000 de Sarkozy o los 10.000 de Merkel o David Cameron, dejamos los números estadounidenses al margen por ser apabullantes. Lo cierto es que por muchos discursos que se den a favor de la utilización de las Nuevas Tecnologías en política, la cibermilitancia o el OG (Open Government) los políticos españoles no apuestan por la política directa a través de la red. Ni siquiera el claro ejemplo de Obama, que inspiro la campaña del PSE pero que no ha inspirado su continuidad, ha convencido a los políticos españoles de la potencialidad de la red a la hora de generar ruido, de hacer llegar su mensaje y de lograr más devotos para sus causas.

En segundo lugar, la autora planteaba llevar a sus últimas consecuencias el gobierno 2.0 y, sucintamente, planteaba éste como una solución a la sobredimensión burocrática en las instituciones españolas que se solucionaría con una aplicación radical de las nuevas tecnologías. En una futurización, quizá demasiado fantástica, la autora señalaba que las votaciones en el Parlamento, en los diecisiete autonómicos también, bien se podría canalizar on line. De manera que cada uno de los partidos políticos tendrían únicamente un representante en los Parlamentos o Juntas nacionales o regionales. La votación de cada uno de ellos equivaldría al número de asientos reales que su grupo tuviera en el Parlamento. Esto desembocaría en una simplificación de las tareas de gobierno y en una reducción de los gastos derivados por la multiplicación de parlamentarios que elevan el gasto público, cosa muy de moda. Sin embargo, en esta arcadia feliz me atrevo a afirmar que se recaería en varios problemas derivados:

– La hiperimplantación de la disciplina de partido.
– El desgaste de los parlamentarios que al ejercer individualmente el derecho de decisión serían responsables de todas las decisiones parlamentarias.
– La pérdida de sustancia democrática. En la medida en que sólo una persona ejerciera la representación política se reduciría la capacidad de ejercer funciones públicas de mando.

Imaginaciones de un futuro feliz gracias a la aparición de las NNTT aparte, lo cierto es que mientras los políticos españoles siguen empeñados, salvo brillantes y escasas excepciones, en ignorar estos canales la sociedad española, con los votantes 2.0 a la cabeza, sigue clamando por una mayor atención a mecanismos cuya principal virtud es la transparencia y la cercanía bilateral. ¿Será falta de interés o miedo a la exposición directa a las críticas y comentarios? Lo cierto es que el avance de las NNTT es imparable, especialmente porque los cibermilitantes son sujetos activos y belicosos en su intento de abrir canales en los distintos partidos políticos y en la fiscalización de la acción gubernamental. ¿Renovarse o morir? He ahí la pregunta que suscita algunas respuestas que, aunque tímidamente, comienzan a ser acertadas.

By Carlos Goñi Apesteguia en el Caleidoscopio de Carlitos para Dogcomunicacion

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Hace unos años que los términos Gobernanza y buen gobierno ejercen como una especie de mantra de la teoría democrática. Ya se aplique a países en vías de desarrollo o grandes multinacionales, se ha generalizado la exigencia de una forma “de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía” (RAE).

No hay proyecto de cooperación al desarrollo, consejo de administración, premio o libro blanco en el que el “buen gobierno” no ocupe un papel relevante. El abuso, sin embargo, es tan habitual que la diferencia entre las expectativas generadas y los resultados obtenidos ha puesto en peligro el concepto.

Parece que con la llegada de Barack Obama a la Presidencia de Estados Unidos el buen gobierno también se está reinventando. Cada día es mayor la identificación entre buen gobierno y open government; los pilares de éste, la transparencia, la colaboración y la participación, se han convertido así en el eje del otro.

Tras el uso intensivo que Obama hizo de las nuevas tecnologías como forma de impulsar su campaña electoral, el open government se ha convertido, desde el primer día, en una de las prioridades de su administración. A las iniciativas que ha ido poniendo en marcha, el nombramiento de un CIO (Chief Information Officer) para la Casa Blanca, y el lanzamiento de proyectos como data.gov, recovery.gov o USASpending.gov, basados en la transparencia de la información pública, se unió hace unos días la directiva de Open Government que pretende establecer un estándar de funcionamiento obligatorio para todos los departamentos de la administración norteamericana.
Los términos más utilizados por esta directiva no nos causan sorpresa. La transparencia, que establece la publicidad de la información del gobierno, que se presupone pública mientras no haya motivos de peso para lo contrario; la participación, que permite a los ciudadanos contribuir con sus ideas y su experiencia en la elaboración de las políticas públicas, en lo que podríamos denominar wikigobierno y, finalmente, la colaboración llamada a perfeccionar la eficacia del gobierno e involucrar a otros actores, distintas instituciones del gobierno, empresas privadas e incluso los ciudadanos, en la ejecución de estas mismas políticas.

Desde ahora la legitimidad, e incluso la eficacia, no se cifra sólo en la capacidad técnica de la administración, sino que gira en torno a su capacidad de involucrar a las personas, poniendo a su disposición las herramientas suficientes para que puedan ejercer su responsabilidad pública más allá del periodo electoral, ejerciendo labores de control y participación cuando lo consideren oportuno.

Sólo un gobierno de “puertas abiertas”, logrará devolvernos ese empoderamiento, que no es otra cosa que la revitalización de la sociedad civil y la recuperación de aquellos espacios de poder que naturalmente le pertenecen.

Sin duda, esto supone un cambio en las formas de hacer de la administración, implica una constante conversación con los ciudadanos para escuchar lo que dicen, a fin de ofrecer respuestas y tomar decisiones que tomen en consideración sus necesidades y preferencias y esto exige inversión, formación y dedicación. Muchas empresas, como la CAN, empiezan a ver la rentabilidad económica de estas prácticas, ojalá nuestras instituciones descubran pronto su rentabilidad democrática.

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